El gobernador de Georgia ha firmado una ley que ha generado controversia en el estado y más allá. Esta norma, que obliga a la policía a entregar migrantes sin documentos a las autoridades federales, ha sido recibida con críticas y apoyos divididos.
La ley establece que los oficiales de policía deben notificar a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) si tienen en custodia a una persona que sospechan que es indocumentada. Aquellos oficiales que no cumplan con esta disposición enfrentarán consecuencias legales.
El proyecto de ley cobró impulso después del trágico asesinato de una estudiante, del que un inmigrante venezolano es el principal sospechoso. Este incidente ha avivado el debate sobre la seguridad pública y la inmigración en Georgia, llevando a la aprobación de esta polémica legislación.
La nueva ley ha generado opiniones encontradas en la comunidad, con defensores argumentando que fortalecerá la seguridad y críticos expresando preocupación por posibles abusos y discriminación.
